Política Estado Español

JUECES CONTRA EL INDEPENDENTISMO

¿Cómo es que nadie propone acabar con la reaccionaria "casta" judicial?

A pesar de demostrarse como la punta de lanza de la redefinición del Régimen del 78 en clave autoritaria y centralizadora, ni independentistas ni Unidos Podemos plantean un programa para acabar con la "casta" judicial. Otra de las grandes demandas democráticas pendientes que solo podrá resolverse imponiendo procesos constituyentes.

Santiago Lupe

Barcelona | @SantiagoLupeBCN

Jueves 20 de septiembre | 16:47

Foto: EFE

Entre vivas al Rey, a los policías y guardias civiles que reprimieron el referéndum del 1-O e insultos como “nazis”, “extremistas” o “golpistas” hacia los independentistas catalanes. Esta era la salsa en que se cocinaba la “casta” judicial española las semanas previas y posteriores al 1-O.

La salida a la luz del chat corporativo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que magistrados de juzgados catalanes y de otras zonas del Estado se despachaban sin contención alguna, recuerda mucho al grupo de whatsapp de la policía local madrileña en la que se vertían amenazas e insultos de todo tipo contra miembros de Ahora Madrid, activistas sociales o inmigrantes. Cuando las cloacas del Estado hablan “off the record”, el tufo de “Estado made in Franquismo” echa “p’atrás”.

Los magistrados que así se pronuncian son parte de los “imparciales jueces” que deben juzgar a los más de 1.000 investigados por hechos relacionados con el 1-O y el otoño catalán de 2017. Los más de 700 alcaldes imputados, los docentes acusados de adoctrinamiento o las decenas de activistas que han participado en cortes de carretera, concentraciones contra la represión, colgado carteles o abierto alguna web molesta, pueden verse sentados delante de algunos de ellos.

Anonymus ha hecho públicas hasta el momento tres identidades. Jose Carlos Martín, ahora destinado en Asturias, Carlos Peinado Domínguez, juez en Girona muy preocupado por “la gripe separatista” y Agustín Vigo Morancho. Este último merece especial atención. Es nada menos que el presidente de la sección 14 de la Audiencia de Barcelona y el pasado mes de marzo absolvía a Jiménez Losantos del delito de atentado al honor por haber tratado de nazis a los participantes de la Diada de 2012. Hoy se entiende mejor su sentencia: él mismo comparaba la actual situación en Catalunya con el ascenso del nazismo en Alemania en el citado chat.

“El golpe de Estado se salda con vencedores y vencidos”. Esta es una se las sentencias más explícitas del espíritu que reina en la Judicatura española. Definitivamente ni en los juzgados catalanes, ni aún menos en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, habrá juicios con las mínimas garantías democráticas. Y lo que es seguro es que en esta ocasión el CGPJ no actuará con la celeridad y contundencia que hizo contra el juez Federico Vidal, que se atrevió a cuestionar las cargas policiales del 1-O y acabó multado y denunciado por la Fiscalía.

Ni siquiera las Judicaturas de otros países de Europa respaldan el accionar del Poder Judicial español. Lo cual no quita que si atravesaran crisis de régimen como la del Estado español estos togados garantistas se parecerían más a sus colegas ibéricos. Pero a día de hoy ni la alemana, ni la sueca, ni la escocesa ni la belga respaldan el juicio por rebelión y sedición contra los dirigentes independentistas. Tampoco que un rapero tenga que entrar en prisión por hacer una canción contra el Rey.

Todo en un país en el que cagarse en Dios puede llevarte a dormir en comisaria y sentarte en el banquillo, hacer un tweet o escribir un artículo denunciando casos de violencia policial es perseguido con querellas criminales, mientras los corruptos gozan de guante de seda, son absueltos o condenados a penas ínfimas y pueden elegir a la carta que cárcel prefieren si son los cuñados del Jefe del Estado, los violadores reciben condescendientes sentencias, se mantiene al Rey como inimputable en la Constitución y a su padre, a pesar de que lluevan indicios de su labor como comisionista, no se le puede abrir ni una comisión de investigación parlamentaria.

El Poder Judicial se encuentra realmente desatado. El gobierno del PP, con el apoyo de la Corona, Cs y el PSOE, decidieron ponerle al frente de la “resolución” de la crisis catalana. Había que aplastar y vencer al independentismo, y quien mejor que esa parte del Estado que no tiene más contrapeso que sí misma, es decir ninguno. Lo único que les puede llamar al orden sería un llamada desde Zarzuela. Pero dudo mucho que les dijera algo diferente que "a por ellos”.

En los hombros de la “casta” judicial se puso la responsabilidad de imprimir una actualización en clave autoritaria y centralizadora del Régimen del 78. Un rol otorgado que no es una excepcionalidad ibérica. Lo hemos visto y vemos en otras latitudes. Como el golpe contra Dilma en Brasil, que ha tenido su penúltimo episodio en la prohibición al pueblo brasileño de poder elegir a su presidente por parte de la Judicatura con la proscripción de Lula.

Así pues Rajoy y Felipe VI no erraron en su elección. Si hay una “casta” del Estado conservadora y reaccionaria digna de este cometido esta es la de la toga. Emparentada por uno y mil lazos con políticos, empresarios y altos mandos de los cuerpos de seguridad, paniaguada con caviar y Moët Chandon (el salario de los magistrados de los altos tribunales puede llegar a los 150.000 al año) y que ha sabido mantener perfectamente -solo comparable a la policía- sus hilos de continuidad con la Judicatura Franquista.

Hay que recordar que todos los jueces de la dictadura mantuvieron su cargo en la democracia y la mayor parte fueron promocionados. Los más beneficiados fueron los del Tribunal de Orden Público, el encargado de dictar sentencias contras obreros, estudiantes y militantes de la oposición desde 1963. Muchos pasaron en bloque en 1977 a un tribunal de nueva creación: la Audiencia Nacional.

A pesar de que han pasado ya más de 40 años la herencia biológica aún perdura. Por ejemplo, el juez Ismael Moreno, que comenzó su carrera como inspector de la policía franquista hasta dar el salto en 1985 a la Audiencia Nacional. Él fue el que recibió el caso de los “Jordis” hasta pasarselo a la jueza Lamela. Una magistrada más jóven pero no menos inspirada en la etapa en que se forjó su compañero. Así lo demostró con su sentencia contra los jóvenes de Altsasu -condenados a prisión de entre 2 y 13 años por una pelea de bar con dos guardias civiles- o cuando quiso hacer uso de la ley penal de la dictadura para conservar en su juzgado las querellas de rebelión contra Puigdemont y el resto de consellers.

Lamela tenía miedo de que los chicos del Supremo fueran unos “flojos”. Pero el juez Llarena le ha demostrado que de eso nada, él solito fue capaz de vetar hasta a tres candidatos a president de la Generalitat. Y es que "de casta le viene al galgo", el Tribunal del Supremo también ha “rendido honores” al franquismo con sus decisiones. Por ejemplo cuando su Sala de lo Militar negó en 2010 la anulación de las sentencias a muerte dictadas contra Joan Peiró, Miguel Hernández o Lluis Companys. Los magistrados demócratas consideraron que eran plenamente “válidas y vigentes”.

Este es el “pedigrí” de la “casta” judicial del Régimen del 78. Que los partidos del régimen lo toleren y hasta aplaudan, como ha hecho Cs saludando los mensajes del chat en uno de sus arranques de “¡pa’ facha yo!”, es natural. Los partidos independentistas han señalado lo evidente, que los juicios del 1-O no tienen las mínimas garantías, y han pedido la dimisión del presidente del Supremo y el CGPJ, Carlos Lesmes.

Unidos Podemos no se ha atrevido a ir tan lejos y se han limitado a pedir que el CGPJ abra un expediente de investigación. Una leal y cortés petición en rueda de prensa que es aún más indolora que la petición de una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso Corinna que sabían no iba a salir. Digo “aún más” porque en este caso se pide al reaccionario CGPJ -conformado por los jueces electos a dedo por el PP y el PSOE, el “155 team”- que investigue a sus colegas con los que seguramente habrán compartido estas y peores opiniones, además de cenas, partidas de golf y alguna que otra cacería, a parte de las de independentistas claro.

Este escándalo, sumado a las decenas de sentencias contra las libertades y derechos democráticos, o en favor de ricos, corruptos y violadores, a los que la Judicatura nos tiene acostumbrados, demuestran que es una institución abiertamente represiva y patriarcal, al servicio de la Corona y los grandes capitalistas. Pero Unidos Podemos se quiere limitar a demandarles "que se lo hagan mirar" frente al espejo, es decir una autoinvestigación inocua.

Frente a esta “casta” reaccionaria es necesario oponer un programa democrático que plantee medidas elementales como el fin de la elitista carrera judicial, que la elección de jueces sea por sufragio universal, que ninguno pueda cobrar más que el salario medio de un trabajador y que todos los juicios sean por medio de jurados populares.

El Régimen del 78 huele a podrido, se mire por donde se mire. Es lamentable que ante esta situación la política de los que nacieron hablando de “romper candados” sea la de echarle desodorante. No es algo nuevo. Lo vimos ante el cuestionamiento de la Corona negándose a exigir la convocatoria de un referéndum sobre Monarquía y República. O en estos días, cuando Sánchez ha propuesto una reforma exprés y cosmética de la Constitución, a lo que simplemente le han exigido ampliar el fin de los aforamientos propuestos y que se someta a votación.

Frente a esta aceptación e integración en lo constituido, aspirando a lo sumo a alguna reforma superficial, es necesario retomar la lucha por verdaderos procesos constituyentes en todo el Estado. Procesos que no podrán emanar de lo constituido, el Régimen del 78 y sus instituciones, sino que deberán imponerse por medio de una gran movilización social con la clase trabajadora en el centro, para garantizar que se puedan discutir absolutamente todas las cuestiones, como el fin de la Corona, la reaccionaria “casta” judicial, acabar con la inmunidad de corruptos y torturadores, resolver los graves problemas sociales de paro, vivienda o precariedad y garantizando que las y los catalanes y el resto de naciones puedan impulsar su propio proceso constituyente para decidir libremente su relación con el resto del Estado y conformar su propia república si así lo deciden.






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