Política Estado Español

REFORMA CONSTITUCIONAL

Para terminar con todos los privilegios de la “casta”: luchar por asambleas constituyentes

Tanto la reforma constitucional ‘exprés’ que promueve Pedro Sánchez como la moción de Ciudadanos para suprimir los aforamientos de políticos son parte de una misma maniobra: maquillar la degradada democracia española. Para que los pueblos del Estado español sea los que decidan y se terminen todos los privilegios de políticos, jueces, policías y la familia real, hay que imponer un proceso constituyente libre y soberano.

Miércoles 19 de septiembre | 17:25

Sólo un día después de que el presidente del Gobierno anunciara su propuesta de reforma ‘exprés’ de la Constitución para limitar los aforamientos políticos, Ciudadanos presentó en el Congreso una moción para suprimirlos. La iniciativa del partido de Albert Rivera había sido adelantada la semana pasada, pero cobró relevancia tras el anuncio de Sánchez, en una suerte de competencia por quien es el mayor “regenerador” de la democracia.

Aunque la moción de Cs fue aceptada por el pleno del Congreso con los votos a favor del PP y el PSOE, sólo se limita a eso. El PSOE sigue teniendo la palabra y este viernes el Consejo de Gobierno deberá configurar la iniciativa concreta del Gobierno para limitar los aforamientos que, a diferencia de la moción de Rivera, sólo recoge algunos casos.

La amplitud de la supresión de los aforamientos encendió la polémica entre Ciudadanos y el PSOE. Albert Rivera acusa a Pedro Sánchez por querer "blindar" los delitos de corrupción de su propuesta de eliminar los aforamientos, al excluir los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

La reforma constitucional de Sánchez consistirá en suprimir el aforamiento de los cargos públicos, incluyendo a los miembros del Gobierno, a los diputados y a los senadores, salvo en el ejercicio estricto de sus funciones y durante la duración en el cargo. Para llevar a cabo esta medida, deberían modificarse los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución.

De hecho, el Gobierno tampoco quiere legislar sobre el aforamiento de los cargos públicos de las comunidades autónomas, un sinsentido que ya cuestionan incluso fuentes del propio Ejecutivo. Pero el debate es mucho más de fondo.

El rey no se toca

En el pleno del lunes, los representantes del PNV plantearon que en la supresión de los aforamientos no hubiera excepciones, incluyendo al Poder Judicial, a las Fuerzas de Seguridad y a la Familia Real, para lo cual habría que modificar el artículo 56.3 de la Constitución. La misma posición ha defendido Unidos Podemos.

La inviolabilidad del jefe del Estado, el Rey, es quizá uno de los mayores privilegios que otorga la Constitución del 78. Esta prerrogativa antidemocrática y medieval es la que, por ejemplo, hace imposible que Juan Carlos I pueda sentarse en el banquillo de los acusados por las corruptelas denunciada por su examante. Y es también el fundamento esgrimido por los letrados del Congreso para que no se pueda abrir una comisión de investigación.

Pero el PSOE no va a tocar bajo ningún concepto el escudo que protege al jefe del Estado, como tampoco lo hará con el fuero del que disfrutan el rey emérito, las reinas Sofía y Letizia y la princesa de Asturias, introducido en 2014. Ni mucho menos lo harán el PP y Ciudadanos. Cuestionar a la monarquía es cuestionar al conjunto del régimen político.

Los aforamientos no son el único privilegio

Aunque no hay un censo exacto, el Ministerio de Justicia calcula que en el Estado español hay una friolera de 250.000 aforados. En primer lugar, los de carácter político, unas 2.000 personas. Entre estos se incluyen no sólo los miembros del Ejecutivo y legislativo nacional (más de 660 personas) y los integrantes de los parlamentos y gobiernos autonómicos (unos 1.400), sino también la familia real.

En la judicatura hay otras 15.000 personas más con protección especial, incluidos el presidente del Tribunal Supremo y magistrados, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y vocales, el presidente del Tribunal Constitucional y magistrados, el presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus salas, los presidentes de los tribunales superiores de Justicia, el fiscal general del Estado y fiscales de Sala del Tribunal Supremo. Es decir, más de 5.500 jueces, alrededor de 2.400 fiscales y unos 7.600 jueces de paz.

Y por si faltaban aforados, también tienen privilegio procesal los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de nivel estatal, autonómico y local, que son más de 230.000, aunque después de la reforma del Código Penal de 2015 este sea un aforamiento limitado en el ámbito penal (cuando cometen “delitos leves” en el ejercicio de sus funciones, aunque tienen la prerrogativa de ser juzgados en el ámbito de la Audiencia Provincial, a diferencia del resto de los ciudadanos).

Según reconoce la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, en derecho comparado no hay "nada, absolutamente nada parecido" a lo que ocurre en el Estado español. Pero los políticos, jueces, policías y la propia familia real, no son privilegiados sólo por sus fueros, con los que en distintos niveles pueden evadirse de la justicia.

Sus privilegios son en primer término de carácter material, al menos en los altos cargos: viven con salarios de gerentes de empresa al servicio del Régimen. Y después de ejercer sus cargos utilizan las llamadas “puertas giratorias” para seguir cobrando sueldos de gerentes. Este es el contenido material por el cual constituyen una “casta” política y judicial bien pagada y separada del común de la gente, cuya función política es defender el orden establecido y la buena marcha de los negocios capitalistas.

En cuanto a las fuerzas de seguridad, brazo armado del estado capitalista y a defensa de la propiedad privada, sus altos cargos comparten los mismos privilegios materiales que la casta política y judicial. Pero, además, todos los cuerpos han sido en buena medida blindados por las leyes mordaza.

Vivimos en un régimen de conjunto de y para los ricos. Y ni el PSOE ni Ciudadanos que se llenan la boca hablando de “regeneración democrática” y de “terminar con los privilegios” son capaces de cuestionarlo. Sería un sinsentido, puesto que su principal función es sostenerlo y seguir gestionando los intereses de los grandes capitalistas.

Para terminar verdaderamente con todos los privilegios de la casta política y judicial, hay que terminar con esta democracia para ricos. Para ello no hacen falta medidas muy complejas, sino seguir grandes ejemplos históricos como los que dio la clase trabajadora. Por ejemplo, la Comuna de París, el primer gobierno obrero de la historia, que impuso una asamblea única (un órgano ejecutivo y legislativo el mismo tiempo), basado en diputados elegidos por voto universal y revocables por sus electores, que tenían el salario de un trabajador calificado.

Para que la representación de la clase trabajadora y el pueblo no se separe por intereses ajenos a la mayoría, una “casta” política que gobierna para la clase empresarial fingiendo el juego democrático que son “representantes del pueblo”, hay que empezar por arrebatarle todos sus privilegios materiales: que todos los cargos políticos cobren como una maestra.

Régimen, referéndum y asamblea constituyente

En el debate abierto Unidos Podemos ha dicho que cualquier reforma de la Constitución tendrá que ser votada por “todos los ciudadanos” y no puede hacerse “de forma exprés”, sino que tiene que ser una revisión “profunda”, y que no ocurra como “con la reforma del artículo 135 de la Constitución y que no lo votemos los ciudadanos”.

La posición de Podemos a favor de un referéndum es democrática. Y aunque Sánchez no contempla que se haga un referéndum que ratifique una modificación de la Carta Magna, para pedir su celebración se necesitan los votos de 35 diputados, por lo que la formación morada podría forzar la consulta, independientemente de lo que quiera el Gobierno.

Pero el problema central no es ese. El problema es qué tipo de reforma constitucional y qué tipo de referéndum. Como decíamos en otro artículo, “si se abre el melón de la reforma constitucional que sea para que el pueblo pueda decidirlo todo. Que tenga plenos poderes para abordar todos los grandes problemas sociales y democráticos: la cuestión de la monarquía y la forma del estado, el derecho de autodeterminación, el pago de la deuda, cómo terminar con el paro, la precariedad, la falta de vivienda, la crisis de la sanidad y un largo etcétera de reivindicaciones populares insatisfechas.”

Para que la reforma constitucional que promueven Sánchez y Rivera no sea una nueva sesión de maquillaje del antidemocrático régimen español, lo que toca es bregar por la convocatoria de asambleas constituyentes libres y soberanas en el Estado y en las nacionalidades históricas, en las que pueda expresarse verdaderamente la voluntad popular. Un proceso constituyente sin restricciones ni “moderadores” como el Senado, la Audiencia Nacional y su Tribunal Constitucional y, sobre todo, la monarquía.

Un proceso constituyente conformado por un representante cada 20 o 30 mil habitantes, que sean revocables y tengan el salario de una maestra o un trabajador cualificado, para que decida la mayoría del pueblo y que no sea un contubernio de la “casta” privilegiada de diputados, senadores y jueces tutelados por una monarquía decadente.

Nada de esto puede hacerse con la “casta” política y judicial gobernante y en el marco de las reglas de juego del Régimen del 78. La plana mayor de Podemos, en buena parte compuesta por sociólogos y politólogos, es plenamente consciente de esto. Seguramente han leído incluso a Toni Negri en su célebre El poder constituyente cuando señala: “¿Cómo puede una ‘clase política’ preconstituida ser el garante de una nueva Constitución? Ya el esfuerzo de cerrar el poder constituyente en una jaula de limitaciones espacio-temporales resulta insostenible −pero el intento de bloquearlo dentro de una prefiguración institucionalista llega a ser inconcebible: en efecto, se puede tratar de limitar el alcance del acontecimiento, pero seguramente no es posible definir por anticipado su singularidad innovadora”.

Dicho por la positiva, un nuevo “poder constituyente” sólo puede surgir de la movilización popular, enfrentando al “poder constituido”. Un poder que se sustenta en la antigualla de que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”, incluso si estos traicionan impunemente el mandato por el que fueron electos. Y, sobre todo, que considera un acto criminal cualquier cuestionamiento al actual régimen institucional. Allí está como muestra el referéndum de independencia en Catalunya, que en pocos días cumple un año, y la brutal represión del Régimen para impedirlo.

Podemos y sus socios de Izquierda Unida, que en los últimos años han sido crecientemente domesticados e integrados como “les enfants terribles” del régimen, se encuentran ante un dilema: ¿negociar con la casta política un referéndum amañando para regenerar un poco la democracia blindada del Estado español, o llamar a la lucha por imponer asambleas constituyentes libres y soberanas en las que pueda expresarse verdaderamente la soberanía popular para decidirlo todo?

Los amplios sectores que mantienen confianza en Unidos Podemos porque consideran que puede ser la vía para conquistar una democracia más generosa, bien podrían hacerse esta pregunta.






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