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JUVENTUD TRABAJADORA

Condenados a la precariedad: Los contratos para la juventud

Desde hace más de dos años el contrato en prácticas y el de aprendizaje y formación favorecen la precariedad que está abocando a la juventud a sufrir condiciones miserables.

Lluis Ros

Trabajador de McDonald's

Jueves 21 de enero de 2016

Se cuentan por miles los jóvenes que se ven obligados a trabajar cobrando el 60% del sueldo asociado a su puesto de trabajo sólo para adquirir experiencia laboral. También abundan los jóvenes con contratos que le dan la oportunidad al empresario de no pagar nada en la cuota a la seguridad social. Desde hace más de dos años el contrato en prácticas y el de aprendizaje y formación, que se han generalizado, favorecen la precariedad que está abocando a la juventud a la miseria.

A finales de 2013 el gobierno del PP aprobó una simplificación en los tipos de contrato. Se pasó de 42 a 4: indefinido, temporal, contrato de formación y aprendizaje y contrato en prácticas. Esta simplificación se dio al año siguiente de haber aprobado la reforma laboral y ayudó a la patronal a profundizar en la precariedad.

Desde 2014 en torno al 9% de los contratos firmados han sido indefinidos, el resto temporales, dentro de los cuales podemos englobar, también, a los de formación y aprendizaje y los de prácticas. En septiembre de ese mismo año el 40% de los contratos firmados fueron de prácticas o de aprendizaje y formación.

Los contratos en prácticas van dirigidos a los jóvenes titulados (de grado medio, superior o con título universitario), parados y que no cuentan con experiencia laborar en su campo, o con pocos meses. El puesto debe ser en el ámbito del título obtenido. Se puede estar en prácticas entre 6 meses y 2 años, con excepción de aquellos que ya tengan meses de prácticas acumuladas. Estos podrán acumular hasta dos años.

El salario es inferior al normal y depende del año de contrato. Durante el primero corresponde una nómina, como mínimo, del 60% de la correspondiente al puesto realizado y durante el segundo del 75%, cobrando como mínimo el Salario Mínimo (unos 650 euros). Al final del contrato se le entrega al trabajador un certificado de prácticas.

Por otro lado, los contratos para la formación y el aprendizaje van dirigidos a los jóvenes sin títulos, a los que no se les puede aplicar un contrato en prácticas, entre los 16 y los 24 años. Este tiene una duración de entre 6 meses y 3 años. En él, se le da formación teórica al joven durante el 25% de la jornada y práctica durante el 75% del día. El salario no puede ser menor (lo que se da en la mayoría de los casos) al Salario Mínimo. Al final del contrato se obtiene el título asociado al puesto de trabajo que el joven precario ha llevado a cabo durante el contrato.

En los dos casos, las empresas se benefician de descuentos en la cuota de la seguridad social. En el caso del contrato en prácticas los empresarios reciben una reducción del 50% de la cuota hasta el final del contrato. En el caso de los contratos para el aprendizaje y la formación los descuentos son del 100% (pequeñas y medianas empresas) y del 75% (empresas de más de 250 trabajadores). En el caso de los de aprendizaje y formación, también reciben beneficios económicos en concepto de formación.

El gobierno justificó dichos contratos bajo la farsa de que así conseguiría que los jóvenes titulados adquirieran experiencia laborar en su campo, cosa que según el PP les abría las puertas al mercado laboral, o les permitiría adquirir una formación adecuada. Por si alguno se había creído la cantinela, a día de hoy, más de dos años después, la realidad es que dicho contrato ha servido para que la patronal profundice en la precariedad laboral que sufre la juventud en el Estado español.

La patronal se aprovecha de la situación para contratar a jóvenes titulados que realizan el trabajo por un 40% menos de salario y luego, al expirar su contrato, los despide para volver a contratar a otros mediante el mismo tipo de contrato; o para contratar a jóvenes por los que obtiene grandes beneficios y descuentos en las cuotas de la seguridad social. Dejando que diferentes puestos de trabajo dentro de las empresas las lleven a cabo jóvenes cobrando muy por debajo del resto de trabajadores y cambiando de trabajadores cada, como mucho, dos o tres años para perpetuar dicha situación.

Aquí se ve reflejada la impunidad con la que los empresarios, apoyados por el gobierno, actúan. Pero no lo hacen solos, nuevamente, se ve la actitud de la burocracia sindical que deja de lado y se niega a organizar a la juventud. Se dedica a criticar que dichos contratos sirven para aumentar la precariedad laboral a la vez que impone paz social.

En el Estado español, desde hace demasiados años, las burocracias sindicales vienen frenando las luchas obreras, dificultando su extensión, solidaridad e incluso ayudando a derrotarlas activamente, como en el caso de Panrico, por nombrar uno de los más escandalosos en una lucha ejemplar.
A pesar de que la “casta política” ha sido, y con razón, muy criticada en los últimos tiempos por las fuerzas políticas del “cambio”, poco o nada hemos oído sobre la “casta sindical”.

Y más allá de las promesas de una subida salarial, muy típica de cara a una campaña electoral, y declaraciones sobre la “competitividad”, esto es más que insuficiente para acabar con un modelo de explotación y precariedad cada vez más extendido.

Los jóvenes tenemos que organizarnos en nuestros lugares de trabajo para luchar contra los abusos de la patronal. Para esto será necesario construir organizaciones combativas que respondan ante los trabajadores en el camino de pelear por acabar con las direcciones burocráticas en los sindicatos.






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