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El Gobierno de Biden reabre centro de detención para niños y niñas migrantes

Organizaciones de derechos civiles cuestionaron la reapertura de un centro de detención de menores migrantes en Miami. Aseguran que la medida es cruel e ilegal, generando riesgos para su salud de niños, niñas y adolescentes, al estar expuestos a sustancias tóxicas.

Miércoles 24 de febrero | 11:28

El gobierno de Joe Biden nada tiene de progresista. El anuncio de la reapertura de un centro de detención para niños, niñas ya adolescentes es una nueva muestra de su política represiva respecto a las personas migrantes.

Organizaciones defensoras de los derechos civiles de Florida condenaron que su gobierno reabra un polémico centro de detención de Homestead, al sur de Miami, que llegó a albergar a 2.500 niños, niñas y adolescentes migrantes y que fue cerrado en 2019 por el gobierno de Donald Trump, tras las denuncias de organizaciones de derechos humanos.

"Es indignante" subrayó Lis Marie Alvarado, directora de American Friends Service Committee (AFSC) en un comunicado sobre una reapertura del centro, considerado por Amnistía Internacional (AI) como "cruel" e "ilegal". "La detención de niños migrantes es una práctica repugnante, moralmente indefendible que debe terminar", expresó por su parte Oliver Torres, de la organización Southern Poverty Law Center (SPLC). "Estamos profundamente decepcionados de que la Administración esté lista para reabrir esta prisión, especialmente mientras hay opciones más humanas disponibles", agregó. En el mismo sentido se pronunció Alvarado, al criticar que mientras el presidente Biden "pide la ’unidad familiar’, esté abriendo un centro de detención" cerrado por las condiciones de hacinamiento y la falta de un plan de seguridad y evacuación en caso de un huracán, entre otros.

El centro está ubicado a unos 40 kilómetros al sur de Miami y fue uno de los más grandes del país. El Departamento de Salud (HHS) de Estados Unidos, sin embargo, no se ha pronunciado oficialmente sobre la reactivación del lugar. El Partido Demócrata de Miami-Dade señaló en un comunicado que el centro de detención debe permanecer cerrado. "Los activistas de Miami-Dade lucharon incansablemente para cerrar esta instalación, e instamos a la administración de Biden a reconsiderar su reapertura", subrayó en un comunicado.

Alvarado recordó que la actual vicepresidenta del país, Kamala Harris, visitó el albergue cuando era senadora, como lo hicieron muchos otros congresistas para denunciar el estado de los menores. Entre ellos, la entonces congresista demócrata Debbie Mucarsel-Powell, que denunció que hubo cuatro acusaciones de abuso sexual contra el personal del albergue y que tres de los empleados renunciaron o fueron despedidos, según un informe de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR).

"Esto es imperdonable. La detención de niños es dañina, criminal y una violación de sus derechos humanos", manifestó Alvarado. Agregó que los menores serán detenidos en un lugar que "podría exponerlos a sustancias químicas tóxicas de un sitio Superfund", en referencia a un terreno que se encuentra bajo un programa federal de limpieza debido a la contaminación con sustancias peligrosas. La activista indicó además que "hay un ruido excesivo de los aviones que despegan y aterrizan en la cercana pista de la Base de la Reserva Aérea de Homestead". "Bajo ninguna circunstancia, ningún niño, niña o adolescente, ya sea acompañado o no, debe permanecer en un centro de detención. En cambio, deben reunirse con sus familias. Condenamos el centro de detención de Homestead. Lo cerramos antes y lo haremos de nuevo", subrayó.

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La reapertura de este centro de detención para niños, niñas y adolescentes vuelve a dejar al descubierto la política persecutoria de los gobiernos estadounidenses contra las personas migrantes.

Un informe del Departamento de Justicia y la Unión de Libertades Civiles (ACLU) presentado en octubre del año pasado ante un tribunal de California, asegura confirma que no han logrado ubicar a los padres y madres de al menos 545 menores de edad separados a la fuerza de sus familias migrantes indocumentadas en 2017 y 2018 por el Gobierno de Donald Trump. El informe sobre los niños separados de sus familias se suma a las denuncias de tratos brutales e inhumanos en los centros de detención de migrantes que incluyen desde contagios masivos de covid-19 hasta la esterilización forzosa de mujeres.

Si bien esta política se profundizó bajo el Gobierno de Trump, las sucesivas administraciones estadounidenses han llevado a cabo una política sistemática de deportación y estigmatización de los migrantes. La misma ACLU publicó en 2019 un voluminoso informe sobre abusos contra niños migrantes en Estados Unidos, donde se señala que la mayoría de los hechos documentados ocurrieron bajo la administración del presidente demócrata, Barack Obama, quien fue responsable de realizar deportaciones masivas.

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