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OPINIÓN

El legado de Piñera: un Chile con mayor cesantía, pobreza y peores salarios

Como lo muestran todas las cifras, ese país ya es una realidad. Primero nos llevaron a una catástrofe sanitaria y social, con un Chile que es parte de los ranking mundiales de peor manejo de la pandemia. Ahora el gobierno y la oposición firman un acuerdo que nos amarra a un ajuste fiscal futuro, para regalarle millones a los grandes empresarios.

Fabián Puelma

Santiago de Chile

Viernes 19 de junio | 17:43

Hace unos meses planteábamos que el plan del gobierno (y de la clase dominante de conjunto), era aprovechar la pandemia para imponer un Chile con mayor desocupación, pobreza y menores salarios.

Decíamos que esto no caía del cielo. Antes de la rebelión la preocupación central era cómo impulsar un paquete de medidas pro empresa para hacer frente a un país que, a diferencia del largo ciclo de crecimiento de la transición, venía con años de bajas tasas de crecimiento, disminución en la inversión y de la productividad. Esa era la “razón de ser” del gobierno de Piñera.

La rebelión popular de octubre logró un cambio radical en la agenda y significó un freno brusco a este plan. Luego del 12 de noviembre y la agudización de la lucha de clases, un sector no menor del gran empresariado aceptó el cronograma constitucional al ver que era inviable realizar sus reformas sin una mínima base de legitimidad institucional.

Hoy el escenario ha cambiado dramáticamente. De la demagogia del “tendremos que ayudar a pagar la cuenta” de Luksic, o del aterrorizado “vamos a tener que disminuir nuestros privilegios” de Cecilia Morel, ahora el discurso es algo así como “acostúmbrese a la pobreza”. La meta de llegar niveles de PIB per cápita de países europeos con el que se ilusionaban los dueños del país, se esfuma. Cunde el pesimismo. Pero es un pesimismo rabioso de una elite contra las mayorías populares.

Ajustar las expectativas

“Ya no es sostenible el discurso de que Chile es un país de clase media, tal vez una de las causas de que muchas expectativas sociales excedieran con mucho las capacidades tanto del Estado como de la economía para satisfacerlas”, es lo que apuntaban los editorialistas del Diario Financiero.

“Las demandas por aumentar los programas de transferencias se acumulan desde hace años, sostenidas por una cierta mirada -errónea desde su origen y desmentida por los últimos acontecimientos- según la cual Chile sería un país virtualmente rico, con un crecimiento asegurado y cuyos problemas solo se vincularían con la distribución de la riqueza”, anotaba El Mercurio en un sentido similar.

Evidentemente esta gente sabe el nivel de precariedad y pobreza que hay en Chile, pero nunca les importó salvo para comparar cifras con otros países. No es simplemente, como notaba Bloomberg, que en Chile se busque gobernar como en naciones ricas para estrellarse con la realidad y darse cuenta -a lo Mañalich- del nivel de pobreza y hacinamiento de la cual no se tenía consciencia. Tiene algo de “desconexión” y de vivir en otro mundo. Pero no es lo fundamental. Es más parecido al patrón de fundo que con su séquito de curas y capataces, llaman al peonaje a la sobriedad, al sacrificio y a la prudencia, mientras todos saben que en la casa del patrón reina la la gula, la lujuria y avaricia.

Porque si hay algo tangible, es que la clase trabajadora y los sectores populares son los que hoy están pagando los platos rotos. El Chile de mayor desocupación, pobreza y menores salarios ya es una realidad. Veamos.

El desempleo se ha disparado en el marco de un año en donde, según el Banco Central, se prevé la mayor contracción en 35 años y donde se espera que recién para el año 2023 se recuperen los niveles de crecimiento anteriores a octubre del año pasado. No se trata de algo transitorio. Como lo advierte Sergio Lehman, economista jefe del BCI, “el hecho de que la economía recupere el nivel de producción recién ese año, implica que habrá un desempleo de dos dígitos durante un buen tiempo”.

Según el Centro de Estudios Longitudinales de la PUC, durante el último período cerca de 2 millones de personas perdieron su fuente laboral. Por su parte, Clapes UC informó que en apenas en unos meses se destruyeron 5 años en cuanto a puestos de trabajo se refiere.

Por otra parte, hasta la fecha hay más de 620 mil trabajadores suspendidos, lo que ha contenido la cantidad de despidos en los últimos meses. Sin embargo, en una encuesta realizada por el Banco Central, 53% de los empleadores encuestados aseguró que terminarán con la relación laboral de los trabajadores suspendidos. Lo dicen abiertamente: las suspensiones son despidos encubiertos, a cargo de las cotizaciones de los propios trabajadores del seguro de cesantía.

La mayoría de los restantes empresarios encuestados, aseguraron que no saben si podrán mantener el nivel de remuneraciones actuales. De hecho, ya hoy hay una disminución en el índice de remuneraciones. Según los datos del INE, en el mes de abril se constató el menor índice de los últimos 10 años. Primera vez que se registra una caída mensual en el índice real de remuneraciones durante la última década.

La Cepal anunció un aumento de la pobreza extrema en Latinoamérica, cifrándola en 16 millones de nuevos pobres para este año, sumando 83,4 millones de personas en total. Analizando la situación para Chile, el director de la Escuela de Gobierno de la PUC Osvaldo Larrañaga, señalaba que “el país se va a hacer más pobre y habrá un aumento significativo de personas en situación de pobreza de ingresos. También se va a hacer más desigual”.

¿Quién paga la deuda pública?

Este es el legado del gobierno de Piñera. A decir verdad, es el legado que el gobierno y la oposición le dejan el pueblo trabajador. Porque Piñera viene gobernando apoyándose en los acuerdos nacionales con los demás partidos del régimen. Primero fue la cocina constituyente que le salvó el pellejo. Ahora es el acuerdo con los principales partidos de la oposición en torno al marco fiscal para los próximos dos años. Esto, sin mencionar que la oposición le ha votado todas las principales leyes. Incluso el Partido Comunista votó a favor de la ley que permite las suspensiones, mientras que en la CUT pasarán a la historia como los estrategas de la tregua permanente: recibir golpe tras golpe esperando que el oponente se canse.

Este legado tiene la vocación de ser permanente, y el acuerdo nacional recientemente firmado así lo estipula. Como hemos dicho, el acuerdo nacional, a cambio de aumentar un poco los montos del Ingreso Familiar de Emergencia (sin traspasar la línea de la pobreza), destina millones de dólares a las empresas. De hecho, cerca del 80% del fondo total va a favor de las empresas. ¿Cómo se financia? Fundamentalmente a través de un importante aumento de la deuda pública, la que pasará del 27% del PIB en la actualidad a unos 45% para el año 2022.

El sentido común de que “Chile tiene espacio para el endeudamiento” es un discurso interesado que incluso es replicado por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Pero lo cierto, es que mayor deuda es para dejar a salvo las ganancias, patrimonio y propiedad de los grandes empresarios, porque la deuda la termina pagando el pueblo trabajador.

Y entre los círculos del poder no hay duda al respecto. El veredicto es unánime: el acuerdo tiene como uno de sus núcleos la obligación de lograr la “convergencia fiscal” durante el próximo gobierno, lo que no significa otra cosa que ajuste fiscal. “Fijar una restricción adicional a nuestro comportamiento fiscal que mira la deuda”, planteó el ministro Briones. “El gasto público a partir de 2022 debería crecer a una tasa sustancialmente menor que aquella a la que lo ha hecho en los últimos 4 años”, replica El Mercurio, agregando que “buena parte del espacio fiscal que existía para hacer frente a demandas social se estará consumiendo en esta emergencia”.

La amenaza por no cumplir estos márgenes viene por parte del capital financiero y las agencias calificadoras de deuda. Según José de Gregorio, si se pierde un grado de inversión en la calificación de Chile, “entramos en un juego completamente distinto, donde demandas sociales, necesidades urgentes de la población, no se pueden atender”.

La disyuntiva de quién paga esta crisis, si ellos o nosotros, si los grandes empresarios o el pueblo trabajador, se vuelve urgente, ineludible y acuciante. Y ellos lo dicen abiertamente: o se acostumbran a la pobreza o precariedad, o les haremos caer las penas del infierno, incluyendo mayor represión. Hoy más que nunca queda claro que o la crisis la pagan los grandes empresarios, planteando un programa anticapitalista que parta por nacionalizar los principales recursos estratégicos como el cobre y que estén en manos de la clase trabajadora en beneficio de toda la sociedad, o en pocos meses habrá una degradación de años en las condiciones de vida de millones. Ellos son una minoría parasitaria. La clase trabajadora y el pueblo, la gran mayoría y la que para todos los días este país. No es el momento para resignarse.






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