CORONAVIRUS

La Junta de Andalucía responde a los nuevos brotes con más medidas represivas

El Gobierno de Andalucía, formado por el Partido Popular y Ciudadanos, ha aprobado este martes la aplicación de multas económicas desde 100 hasta 600.000 euros, en función del número de contagios de COVID provocados por 'conductas de riesgo'.

Miércoles 5 de agosto | 12:50

Las infracciones tipificadas tienen un carácter marcadamente individual: van desde no llevar la mascarilla o llevarla mal puesta hasta saltarse el aislamiento y la cuarentena, así como no obedecer a la Policía Local u otras autoridades.

Además, la Junta ha anunciado este aumento de las medidas represivas con la incorporación de un total de 339 plazas más de Policía Local para aplicar este régimen sancionador “de carácter preventivo”, sin embargo no está prevista la incorporación de más rastreadores como medida preventiva ante los brotes, solicitada insistentemente por el personal sanitario estos días.

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Al margen de estas medidas de carácter individual, por lo que respecta a los empresarios y tras el escandaloso suceso en la discoteca Kokun de Torremolinos, la Junta informó de que serán clausurados los establecimientos que no cumplan con las medidas de seguridad. Elías Bendodo, del Partido Popular Andaluz, ha señalado que aquellos establecimientos que presenten documentación falsa a las autoridades para evitar un cierre o reabrir serán sancionados, algo que en boca de las autoridades será papel mojado. Pero con respecto al sector agrario y a las condiciones de inseguridad no ha habido mención, tampoco al mencionar las sanciones por presentación de documentación falsa, tales como ocultar el número de trabajadores reales en las instalaciones que dificultan mantener la distancia de seguridad.

En todo caso, con estas medidas anunciadas por la Junta de Andalucía, por omisión, son los propios temporeros quienes estarían sujetos a una sanción en el caso de contagiar a terceros, no mantener la distancia de seguridad impedida por el empresario, no realizar una cuarentena por COVID al no tener un contrato que dé acceso a la baja laboral o trabajar sin mascarilla a 40ºC.

Con todo, la Junta ha puesto especial el acento en los jóvenes, ahondando en su criminalización al sostener que son quienes mayoritariamente copan los nuevos contagios en Andalucía debido a sus conductas irresponsables. Así, la Administración prohíbe de forma categórica “los botellones”, incluso si son en grupos del máximo de 12 personas establecido para reuniones particulares y al aire libre, pero al mismo tiempo descarta ordenar el cierre preventivo de los locales de ocio nocturno.

Por otra parte, llama la atención que, a pesar de centrar el discurso criminalizador en los jóvenes, en los datos ofrecidos de los nuevos contagios vemos que el 70% de los casos positivos se dan en personas de entre 20 a 55 años. Se trata de personas principalmente en plena edad adulta, mayormente más propensas a tener conductas de riesgo diarias relacionadas con desplazamientos para acudir al trabajo y el desarrollo del propio trabajo, que a tener conductas de riesgo puntuales, como asistir a un botellón.

Lo que se encuentra detrás de los rebrotes es la permisividad del Gobierno, de la mano con la patronal y las direcciones burocráticas de los grandes sindicatos, con los empresarios para que estos puedan seguir imponiendo condiciones de precariedad y de nula seguridad.

Estas medidas de la Junta de Andalucía, a las que recientemente se han sumado otros gobiernos autonómicos como la Generalitat de Catalunya, no hacen más que profundizar en la línea represiva del Estado Español hacia la población implantando una política que rescata el espíritu de leyes como la Ley de vagos y maleantes, y siendo especialmente dirigida a la clase trabajadora, quien a su vez más sufre la exposición al virus y, ahora, a las multas. Estas medidas supeditan la salud de los más precarios al interés de los grandes capitalistas mediante la protección a una actividad económica que se cuestiona lo mínimo imprescindible. Los gobernantes, así, se alinean con las patronales, reforzando políticas represivas para primar la actividad económica y frenar la caída del PIB, aún cuando estas políticas impiden implantar medidas para proteger a los trabajadores y frenar el repunte del COVID.

Los meses de pandemia han demostrado que la juventud y los trabajadores no podemos esperar ni una mínima medida por parte de las instituciones regionales o del Estado que de respuesta ni al desarrollo de la pandemia, ni a la crisis sanitaria, ni a la económica. Frente a los actuales rebrotes y los que están por venir es urgente ir en otra dirección. Como hemos visto gran parte de los rebrotes tienen lugar en torno a centros de trabajo donde las condiciones son de gran precariedad, fruto de la permisividad del Gobierno con los empresarios.

Para enfrentar esta situación es necesario pelear por imponer comités de seguridad e higiene independientes de las patronales y burocracias sindicales en nuestros centros de trabajo y ligarlos a las actuales luchas de los sanitarios. Comités en los que los trabajadores discutan las medidas necesarias para frenar los contagios, así como un plan de lucha por imponer medidas de emergencia ante el desastre sanitario, social y económico.






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