Política Estado Español

ACUERDO ENTRE EL PSOE Y UP

Ley de alquileres: Sin tocar los intereses de los que más tienen, no hay resolución del problema de la vivienda

Después de recurrir la ley de alquileres catalana, que con seguridad será tumbada por el Tribunal Constitucional, el gobierno central se prepara para tener lista una ley de alquileres Estatal antes de agosto. PSOE y Unidas Podemos acuerdan una ley más que insuficiente.

Federico Grom

Barcelona | @fedegrom

Miércoles 16 de junio | 14:44

Según declaró este martes la ministra Portavoz, María Jesús Montero, el nuevo objetivo del gobierno es tener lista esta normativa "antes del verano". Y reconoció que aunque entienden que se vulneran competencias estatales en la ley catalana, "no se solicita suspensión cautelar porque en paralelo se va a tramitar la ley de vivienda estatal, que incorpora muchos de los elementos que ahora se recurren en el Constitucional”.

Aunque sus socios de Unidas Podemos, una vez más escenificaron sus diferencias con matices, esta vez sobre la regulación de los alquileres, se terminaron plegando como lo han hecho hasta ahora, a la política social liberal del gobierno del PSOE. De hecho las negociaciones están ya bastante avanzadas entre las carteras de Transportes y Derechos Sociales.

El PSOE centra su política a dar fuertes incentivos fiscales a los propietarios y rentistas como herramienta para bajar los precios de los alquileres, sin la regulación de ningún precio. Aunque el departamento dirigido por José Luis Ábalos intentó con éxito acercar posiciones con sus socios de gobierno con una propuesta de contención temporal de precios en zonas declaradas tensionadas, es decir zonas donde los precios no son “razonables” según el gobierno. Sin embargo este acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos no alcanza los términos del compromiso que el mismo PSOE adquirió el octubre pasado, en el acuerdo de la negociación de Presupuestos Generales del Estado, dado que no contempla la posibilidad de reducir los precios de los alquileres. Por otro lado, tampoco da cobertura a la Ley catalana, que si los regula.

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Pero más allá de la nueva injerencia del Estado central en Catalunya y la paradoja de que el contenido de la ley catalana era parte del acuerdo de investidura de Sánchez con ERC, esta ley, así como la que prepara el PSOE junto a Unidas Podemos estará lejos de resolver este problema central para millones de personas. Y será así por una simple razón, ninguno se propone resolver el problema de raíz. Sin tocar los intereses de los fondos buitre, los grandes tenedores y la banca, no hay resolución del problema de la vivienda para millones de familias de la clase trabajadora.

Durante el gobierno “más progresista de la historia” mientras se agitaba el slogan de que “nadie quedaría atrás” miles de familias continuaron (y continúan) siendo desahuciadas. Solo los desahucios por impago de alquiler, han tenido un repunte del 14% en el primer trimestre del año. El “escudo social” del gobierno, parece más un coladero con funciones propagandistas electorales.

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El salario más extendido en el Estado español, según el INE (Instituto Nacional de Estadísticas) se sitúa en unos 1.300 € mensuales, esto es entre un 80 y un 90 % el valor del alquiler de una vivienda. Los bajos salarios de quienes trabajan jornadas completas, las jornadas parciales, la subcontratación, la inestabilidad y temporalidad existente en el mercado laboral se configuran como una de las principales barreras para poder alquilar una vivienda.

El problema habitacional sigue siendo una de las necesidades más acuciantes de una inmensa parte de la población trabajadora. Como consecuencia de la crisis del 2008 y de la estafa de los bancos, más de 400.000 familias perdieron su vivienda. Entre 2012 y 2015 llevaron a cabo 177.900 "entregas de viviendas", según datos del Banco de España, y según la PAH, los cuatro años anteriores hubo otros 244.000 desahucios.

Hoy, en plena crisis social y sanitaria por el covid 19, los desahucios se ceban no ya en los impagos de hipotecas, sino en los de alquileres. Las tendencias destructivas y degradantes del decadente capitalismo español privan a la mayoría de la población de las condiciones básicas para subsistir y el progresismo no solo se ha mostrado inútil para revertir esta situación sino que es garante de la continuidad en lo esencial misma.

Hay que terminar con este sistema de corrupción, miseria y saqueo. Hay que poner fin a los desahucios, imponiendo la prohibición efectiva de los mismos y procediendo a la expropiación de todos los pisos vacíos en manos de la banca y los especuladores, para que esta sea la base de un parque de viviendas público cuyos alquileres no superen el 15% del salario familiar.

Al mismo tiempo, es necesario terminar con la especulación urbanística, los procesos de gentrificación y turistificación, que expulsan a las familias obreras hacia la periferia de las ciudades así la urbanización desenfrenada que afecta el medio ambiente. Es necesario imponer la derogación de la Ley del Suelo y la socialización de todo el suelo urbano, para establecer un plan urbanístico diseñado por las asociaciones vecinales al servicio de las necesidades de las mayorías y no de grandes inversores en búsqueda de ganancias.






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