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Parar desahucios te lleva a la cárcel; ejecutarlos a la riqueza. Solidaridad con Isa Serra

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha condenado a la diputada autonómica Isabel Serra a 19 meses de cárcel, multa e inhabilitación. La líder de Podemos fue acusada de estos delitos mientras participaba en la protesta por un desahucio en el centro de Madrid en 2014.

Irene Ruiz

Burgos

Miércoles 22 de abril | 16:48

El 31 de enero de 2014 alrededor de 50 activistas que "decían pertenecer a Stop Desahucios" según la sentencia, se dieron cita en Lavapiés para tratar de evitar el desahucio de un vecino del barrio, otro más de los casi 700.00 desahucios en España desde 2008. Entre ellos, se encontraba Isabel Serra.

La sentencia describe que cuando la Policía iba a abandonar el lugar la acusada "profirió insultos dirigidos a los agentes en general y a una agente en particular”.
Según el relato del TSJ, la diputada "procedió también a dar empujones y lanzar objetos contundentes a los mismos" causando una lesión en la mano a un agente que habría tardado ocho días en curar.

Atendiendo a este relato, el TSJM ha condenado a la diputada autonómica y líder de Podemos en la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, a 19 meses de prisión, tiempo en el que también estará inhabilitada para "el derecho al sufragio pasivo". Además, ha sido condenada a pagar dos multas de 10 euros diarios durante cuatro meses lo que suma un total de 2.400 euros. Por último, la diputada ha sido absuelta del delito de desórdenes públicos.

La defensa de la diputada, Red Jurídica, ha calificado la decisión de la Justicia como sorprendente "dado que la acusación ejercida por el Ministerio Fiscal no se apoyaba en ninguna prueba objetiva (fotografías o vídeos), sino únicamente en las pruebas subjetivas que son las declaraciones de los funcionarios".

Como nos encontramos en otros muchos casos de contenciosos por protestas sociales, el TSJM ha dado prioridad a la credibilidad a la declaración de los Policías intervinientes en detrimento del resto de testigos, que mantenían versiones contrarias a las de la acusada y otros testigos. La diputada niega los hechos, calificando de falsas acusaciones al relato de los policías, y su defensa ya ha anunciado que recurrirá la sentencia que todavía no es firme.

Desde que la llamada Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, más conocida como la Ley Mordaza, entró en vigor, Interior ha acumulado más de 13,5 millones de euros en sanciones por enfrentamientos con las fuerzas represivas. Los artículos 37.4 y 36.6 de la ley que, castigan respectivamente las faltas de respeto y la desobediencia a los agentes, elevadas de infracciones leves a graves, son los puntos más recurrentemente utilizados.

Por medio de esta ley se han pedido penas de cárcel, multado y condenado a raperos, twiteros, activistas y todo aquel que se ha atrevido a unirse a la protesta social. Pablo Hasél, César Strawberry, Valtonyc, activistas de Rodea el Congreso y periodistas como Boro de La Haine, o nuestra compañera de Izquierda Diario Verónica Landa, son algunos de los ejemplos de persecución política que se lleva a cabo amparados en esta Ley.

Además, desde la entrada en vigor de la norma, la policía la ha utilizado sistemáticamente para presentar denuncias contra mujeres en situación de prostitución por realizar actos “contra la libertad e indemnidad sexual o de exhibición obscena”, es decir para perseguir y castigar a las más vulnerables. La normativa fue aprobada por el Partido Popular pero el PSOE no la ha derogado ni en el anterior gobierno de Pedro Sánchez, ni en el actual Gobierno de coalición, del que participa Unidas Podemos, formación de la cual es diputada Isabel Serra. Mientras tanto corruptos y ladrones se pasean a sus anchas en un marco legal hecho a su medida.

En un Estado desde el que se persigue la disidencia política, que tiene presos políticos en las cárceles, desde el que se sigue desahuciando a la clase trabajadora mientras se rescata a los bancos y grandes empresas con dinero público; donde se blinda a Juan Carlos I, Jefe del Estado hasta hace seis años, aunque se haya demostrado corrupto y ladrón; se castiga la solidaridad y la protesta social.

Sabemos que no podemos esperar nada de quienes forman parte del establishment del régimen, excepto represión, censura y persecución mientras legislan para ricos. Por eso, más que nunca es necesario organizarse y unirse en base a nuestros intereses para dar las peleas que nos vienen. Por ello, toda nuestra solidaridad con Isa Serra.






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