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PENSIONES

Podemos y la ruptura del preacuerdo del Pacto de Toledo

Después de casi tres años de negociación de las fuerzas políticas parlamentarias y a las puertas de llegar a un consenso de la Comisión del Pacto de Toledo para recortar las pensiones, Podemos ha dado un portazo que ha imposibilitado llevar adelante los recortes previstos.

Juan Carlos Arias

Madrid | @as_juancarlos

Jueves 28 de febrero | 11:36

Podemos, sin embargo, formó parte de la comisión negociadora que ha mantenido en secreto las negociaciones todo este tiempo e impulsó como uno más la voluntad de alcanzar ese acuerdo hasta casi el minuto final. Además, sus acuerdos políticos con el PSOE, garantizarían que no romperían totalmente con la esencia del consenso basado en los recortes con la excusa de “hacer viables las pensiones” y reducir el déficit de la Seguridad Social.

El PSOE estuvo intentando hasta el final que no se produjera la ruptura de Podemos con los preacuerdos que se habían alcanzado. Para el Gobierno, la publicación del preacuerdo del Pacto de Toledo, hacía vislumbrar la posibilidad de hacer pasar esos compromisos como un éxito de la “bancada del centro-izquierda”, antes de la disolución de las Cortes y el inicio del proceso oficial de convocatoria de las elecciones.

El acuerdo iba a ser protagonizado por el PSOE presentándolo como un gran logro de los socialistas, coherente con su “agenda social” de preservar el sistema público de pensiones y garantizar su capacidad adquisitiva, garantizando su revalorización anual, aunque no se sabe muy bien si asegurando las subidas sobre el IPC o sobre otras variables mucho menos favorables para los pensionistas. Más bien esto último.

Para Podemos, sin embargo, podría haber implicado un fuerte desgaste ante su electorado por lo evidente y palpable de los recortes que proponían esos acuerdos. De ahí que, tras casi tres años de negociación sin publicar los contenidos de las negociaciones ni levantar la voz en contra de lo que se iba perfilando, Podemos rompió sorpresivamente el preacuerdo.

Incluso un aliado cercano a Podemos como Compromís, a través de su portavoz en la Comisión, Ignasi Candela, fue contundente en sus declaraciones ante la espantada de Podemos, señalando que: “Cuando un partido político que se dice del cambio viene y rompe el Pacto de Toledo, sin ningún tipo de argumentación, porque le da absolutamente la gana, no se entiende”.

El argumento del PSOE para tratar de convencer a Podemos se basaba en la idea de que la actual mayoría parlamentaria permitía salvar aspectos positivos de los acuerdos qué se podrían ver en peligro en caso de que el resultado electoral tras las nuevas elecciones provocase una victoria del bloque PP-Ciudadanos-Vox.

Sin embargo, este argumento no ha acabado de convencer a Podemos, que ha visto que su apoyo a los preacuerdos alcanzados les perjudicaría electoralmente, ya que van en dirección contraria al espíritu y las reivindicaciones expresadas en las fuertes manifestaciones de los pensionistas durante los últimos meses. Manifestaciones en las que en muchos casos han hecho acto de presencia dirigentes de Podemos y/o han estado, entre otros, sectores sociales de pensionistas y otros colectivos vinculados a Podemos.

En el ultimo período la política defendida por Podemos ha sido de apoyo al “mal menor”, consistente en sustentar como socio preferente al Gobierno de Sánchez contra la irrupción de la derecha, lo que los ha llevado a aceptar la renuncia a la derogación inmediata de la reforma laboral o la ley mordaza, por ejemplo. Sumarse con el PSOE y el resto de los grupos parlamentarios a unos acuerdos del Pacto de Toledo que se proponían recortar las exiguas pensiones, sin embargo, les resultaba excesivamente contradictorio para sus intereses electorales.

Pero han estado muy cerca de hacerlo y sólo ante la convocatoria electoral han decido romper. Una suerte de “patada hacia delante” dado que, de darse nuevamente el escenario de un gobierno del PSOE, Podemos apoyaría directa o indirectamente las políticas del PSOE para garantizar la estabilidad presupuestaria exigida por Bruselas. Más aun teniendo en cuenta que el déficit de la Seguridad Social debido a las pensiones ya alcanza los 18.000 millones y continúa subiendo.

Los acuerdos suponen más recortes

El preacuerdo se sustentaba en 21 líneas básicas que servirían de base para negociar con los agentes sociales de cara a la redacción legal de lo que sería la próxima reforma de pensiones, una más y siempre en la misma dirección de ataque a los derechos establecidos. Nada de reducir la edad de jubilación o aumentar las pensiones para garantizar que ninguna de ellas se encuentre por debajo de los 1.500 euros como mínimo vital, algo que vienen demandando los pensionistas en las últimas manifestaciones, por ejemplo. Por no hablar de la exigencia básica de mantener el poder adquisitivo de las pensiones revalorizándolas según el IPC y derogar el factor de estabilización que supone una reducción de las futuras pensiones en al menos un 30%.

Según ha trascendido, en el preacuerdo -cuyo borrador definitivo se estaba elaborando por el letrado de la comisión-se establecían cuestiones como fijar el año 2025 como el máximo para terminar con el déficit de la Seguridad Social, lo que se cubriría supuestamente con una aportación extra vía impuestos generales. También se dejaría de cubrir las prestaciones no contributivas con recursos derivados de las cotizaciones y una defensa, supuesta, del sistema público de pensiones.

Entre los 21 puntos se señalaba también la financiación de las reducciones de las cotizaciones que benefician directamente a los empresarios (ya se redujeron 2 puntos para favorecer a los empresarios hace años sin que se hayan recuperado estas cotizaciones), a cargo de los impuestos, supuestamente para fomentar la contratación. Es decir, lo de siempre, trasladar renta del trabajador al capitalista. Asimismo, se cubrirán vía impuestos las prestaciones de paternidad, maternidad o los aumentos de las pensiones de viudedad. Como si no hubiera también problema con el hecho de que el Estado español recauda fiscalmente sobre su PIB unos 80.000 millones menos que la media de la UE. Sin cambiar las políticas fiscales haciendo que paguen más los más ricos, no como ahora, desviar prestaciones sociales vía impuestos no es otra cosa que descargar costes sobre los trabajadores para beneficiar a los empresarios capitalistas que apenas pagan impuestos.

También y en la línea de más recortes a las pensiones se abre la vía a “aumentar la contributividad del sistema”, o lo que es lo mismo, hacer que lo que se cobra se acerque cada vez más a lo que se cotiza durante toda la vida laboral. Para ello se aumentarán los años de base para el cálculo de la pensión, entre otras medidas.

Una vez alcanzados los acuerdos se pasarían a los “agentes sociales” para su aprobación, algo que no supone ninguna dificultad puesto que las cúpulas sindicales de CCOO y UGT ya dieron en su día el visto bueno a la reforma de Zapatero que supuso el incremento progresivo de los 65 años a los 67 años de la edad de jubilación y al incremento de 15 a 25 años de periodo cotización para poder cobrar la pensión. Por lo que es de suponer que ahora también habría dado su aprobación.

El ataque a las pensiones es un ataque a las rentas salariales

El desmantelamiento del sistema público de pensiones tal y como lo conocemos es una batalla social y política que está claramente planteada desde las élites económicas y sociales dirigentes contra el conjunto de la clase obrera y las clases populares. Y es un ataque directo, igual que sucede con el conjunto de los servicios públicos, el salario y los derechos laborales, porque se trata de transferir renta de los trabajadores a los capitalistas. Por eso cada vez es menor el peso de las rentas salariales sobre las del capital en “la tarta” de los ingresos. Las pensiones no son otra cosa que salario diferido del trabajador y cualquier reducción favorece a los capitalistas que aumentarían así la plusvalía al reducir los costes laborales. De ahí también la estrategia de trasladar esos costes hacia los impuestos generales, impuestos que los capitalistas en realidad no pagan o apenas pagan.

Por otra parte, el incremento a corto plazo de los costes para el Estado que implicarán tanto el aumento de los pensionistas y sus retribuciones -por haber sufragado mayores cotizaciones-, como el incremento de la esperanza de vida, supondrán que se detraigan mayores recursos para el pago de las pensiones. Esto pone en peligro, por un lado, la viabilidad financiera del propio modelo de Estado actual y, por otro, la imposibilidad del capital de disponer de esos recursos para sus propios fines reproductivos y acumulativos, incrementando beneficios y su dominación social sobre la clase trabajadora y las clases populares.

Por otra parte, es evidente que los niveles de precarización laboral actuales y la fuerte devaluación salarial para amplios colectivos de trabajadores, sobre todo jóvenes y mujeres, harán que con el tiempo las necesidades financieras para el Estado de cara a cubrir las pensiones disminuyan notablemente si se siguen basando en las cotizaciones como en el sistema actual, dado que estos colectivos apenas podrán haber cotizado nada más que miseria. Por lo que ese vaticinio de falta de recursos resulta difícil de sostener más allá de la intención de reducir el Estado a su mínima expresión consecuencia de la reacción neoliberal y las fuertes contradicciones económicas existentes ante las dificultades del capital para lograr su revalorización a los niveles necesarios para garantizar la acumulación del capital y los beneficios necesarios para el funcionamiento correcto del conjunto del sistema.

El programa mínimo para defender la dignidad de las pensiones debería basarse en al menos la defensa de reducción de la edad de jubilación a los 60 años, el establecimiento de la pensión mínima en 1.500 euros netos como mínimo vital, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones según el IPC y en la derogación de las reformas laborales de Zapatero y Rajoy.

Por todo ello, no se puede tener ninguna confianza a que las instituciones del Régimen del 78 garanticen un sistema de pensiones digno. Lo único eficaz para hacer frente a este y otros ataques a los derechos laborales, sociales y económicos de los trabajadores es continuar y ampliar la lucha en la calle tal y como vienen haciendo los pensionistas, junto a los trabajadores y las clases populares sobre todo durante estos últimos tiempos.






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