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CORONAVIRUS
Incertidumbre: el confinamiento se alarga, ¿y los testeos?
Roberto Jara

Sánchez pide un listado de infraestructuras para alojar enfermos asintomáticos sin concretar sobre el mismo y anuncia que habrá confinamiento hasta el 26 de abril, pero con la vuelta al trabajo a partir del 11 de los “no esenciales”. Las tiranteces con los gobiernos autonómicos continúan.

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“A partir del 11 de abril acaba el decreto que establece los permisos retribuidos, por lo tanto, salvo que planteemos otras medidas, nos volveríamos a colocar en la situación del primer estado de alarma".

Este es el anuncio del gobierno por el cual, a partir del 11 de abril seguirás en confinamiento en casa, pero tendrás que ir a trabajar en un servicio no esencial (si antes tu empresa no se saltó las prohibiciones o te ha despedido). ¿El argumento? “No tomar medidas innecesarias que lastren la economía”.

Los gobiernos autonómicos han respondido por la falta de material, como es el caso del presidente de la Generalitat, Quim Torra, que denunciaba que no habían llegado tests a Catalunya por el momento. Aunque las primeras declaraciones del PNV definían la paralización de los servicios decretados como “no esenciales” como “una falta de respeto”, posteriormente el lehendakari Íñigo Urkullu daría su apoyo a la prolongación del Estado de Alarma hasta el 25 de abril.

Este hecho ha sido la premisa del Gobierno para anunciar el alojamiento de positivos asintomáticos a partir del 10 de abril, pidiendo a los gobiernos autonómicos una lista de instalaciones públicas y privadas donde hacerlo, como "una opción que se está estudiando”.

Esta declaración suscita numerosas preguntas: ¿hay tests para detectar a esa cantidad indeterminada de contagiados? ¿por qué no se está haciendo tests con rapidez ni a personas que sí presentan síntomas? ¿intentarán alojar y dónde a una cantidad que puede ser de cientos de miles de personas? Por el momento se mantiene la incertidumbre sobre esta posible medida.

Respecto a los materiales, las últimas declaraciones del Ministro de Sanidad, Salvador Illa, dan una cifras de entre 10.000 y 15.000 mascarillas fabricadas al día y afirma que los tests rápidos sólo se usarán en “zonas de alta prevalencia, como hospitales y residencias”. El último dato de contagios en personal sanitario, del 2 de abril, ya arrojaba una cifra de más de 12.000 contagios detectados sólo en este sector, el más expuesto a la pandemia por la escasez de medidas de seguridad que vienen denunciando.

En el Estado Español el número de muertes por coronavirus ya roza las 12.500 y es el segundo país con más casos, 130.000, superando a Italia, 114.000, y por detrás de Estados Unidos, 312.000. Sin embargo, los números reales de contagio no son posible de conocer sin testeos masivos, lo cual multiplicaría las cifras, al ser asintomática una posible gran parte de la población contagiada, pudiendo igualmente contagiar a otras personas.

La externalización progresiva de la sanidad pública hacia la privada abonó un terreno favorable para que la pandemia llevara a la saturación sanitaria en varios países. Italia tenía, en 1970, 10 camas por cada 1000 habitantes, mientras que hoy tiene 3. El Estado Español pasó de 4,6 a 3 camas cada mil. Alemania cayó de 11,5 a 8,3. Si esto ocurre en la UE, los efectos en América Latina, India o África se van revelando mucho más catastróficos.

Los decretos por el momento, no sólo son incoherentes en algunas ocasiones, sino que el patrón que los rige es hacer pagar los costes de esta crisis sanitaria y económica a las clases trabajadoras.

Recordemos que para atender las necesidades sociales el Gobierno solo aprobó 18.000 millones de euros, incluidos los 2.800 millones destinados a reforzar la sanidad de las comunidades autónomas, de los que se va a desembolsar ahora el 50% y el resto a principios del mes que viene. Lo cierto es que, mientras que en auxilio de las empresas para que no cierren, Sánchez, ha aprobado 100.000 millones en avales financieros, que aspira a que se doblen por la aportación de las entidades financieras.

Hay que expropiar inmediatamente todos los recursos de la sanidad privada y centralizarlos en un plan estatal bajo control de comités de trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública, comités médicos y usuarios, que haga posible de facto la utilización de esos recursos con transparencia y mediante un uso colectivo y democrático.

Son los propios trabajadores y trabajadoras quienes tienen que tomar el control, para decidir qué empresas deben cerrar y cuáles deben permanecer abiertas, con condiciones de seguridad y turnos de trabajo seguros, para reconvertirse y fabricar todos los equipamientos necesarios para ganar la guerra contra el virus (y contra la desidia capitalista).

 
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